Validez de las cláusulas arbitrales en estatutos sociales, pactos de accionistas y acuerdos de joint venture
En los últimos años, el arbitraje en controversias de Derecho societario se ha vuelto cada vez más popular debido a las ventajas significativas que ofrece frente a los tribunales estatales, especialmente en asuntos comerciales. El arbitraje proporciona un mecanismo más rápido para la resolución de disputas, permite a las partes designar árbitros con conocimientos especializados y asegura flexibilidad y confidencialidad durante todo el procedimiento. También se beneficia del Convenio de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 10 de junio de 1958 (“Convenio de Nueva York”), que permite que los laudos arbitrales sean reconocidos y ejecutados en todos los Estados signatarios, una característica atractiva en operaciones transfronterizas.
Esta preferencia creciente por el arbitraje en asuntos comerciales se ha extendido naturalmente a las controversias societarias, dado que puede promover tanto la inversión nacional como extranjera al ofrecer un método de resolución de disputas eficiente y especializado. No obstante, a pesar de las diversas ventajas del arbitraje, ciertas controversias societarias —en particular en sociedades de capital— pueden no ser arbitrables.
Este artículo examina la validez de las cláusulas arbitrales en varios documentos clave que regulan relaciones societarias: (i) los estatutos sociales, (ii) los pactos de accionistas, (iii) los acuerdos de joint venture y (iv) los contratos de compraventa de acciones. También analiza la noción de “arbitrabilidad” bajo el Derecho turco para aclarar cuándo el arbitraje constituye un mecanismo válido de resolución de controversias en Derecho societario.
I. Características distintivas del Derecho societario, las sociedades de capital y las sociedades ordinarias
A diferencia de las controversias derivadas de contratos regidos puramente por el Código de Obligaciones turco (TCO), las controversias de Derecho societario van más allá de las partes contractuales y abarcan a otros interesados. Por ejemplo, los estatutos sociales de una sociedad de capital no vinculan únicamente a los fundadores de la sociedad, sino también a los accionistas posteriores y a los miembros del consejo de administración. Debido a este impacto más amplio, el Derecho societario impone normas más restrictivas e imperativas que los principios típicos del Derecho contractual.
En particular, el Código de Comercio turco (TCC) somete a las sociedades de capital (como sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada) a un conjunto de normas imperativas y permite solo una libertad limitada al configurar reglas de gobierno corporativo. En consecuencia, muchos accionistas optan por incluir mecanismos u obligaciones específicos en documentos contractuales separados —como pactos de accionistas, acuerdos de joint venture o contratos de compraventa de acciones— en lugar de incorporarlos a los estatutos sociales. Sin embargo, es importante subrayar que la decisión de utilizar acuerdos separados no convierte necesariamente en inválida una cláusula arbitral incluida en los estatutos sociales.
El punto clave es que cada vehículo corporativo —sociedades de capital, sociedades ordinarias y joint ventures— tiene características jurídicas propias regidas por leyes distintas. De igual modo, los acuerdos o documentos constitutivos que sustentan estas formas empresariales (por ejemplo, estatutos sociales, pactos de accionistas, acuerdos de joint venture, contratos de compraventa de acciones) varían en cuanto a la libertad contractual, el alcance de la autonomía de las partes y el conjunto de intereses afectados. En consecuencia, la validez de una cláusula arbitral debe evaluarse separadamente para cada tipo de acuerdo.
II. Naturaleza jurídica del arbitraje y arbitrabilidad
Conforme al Derecho turco, el arbitraje está regulado por dos leyes distintas, según exista o no un elemento extranjero. En consecuencia, los procedimientos arbitrales sin elemento extranjero y con sede en Turquía están sujetos al Código Procesal Civil turco (Ley n.º 6100, “HMK”). Los procedimientos arbitrales con elemento extranjero y sede en Turquía están sujetos a la Ley de Arbitraje Internacional (Ley n.º 4686, “MTK”).
Aunque se aplican dos leyes distintas según exista o no un elemento extranjero, ambas incluyen disposiciones imperativas que establecen que las controversias que no están sujetas a la autonomía de la voluntad de ambas partes no son arbitrables. El artículo 1/4 de la MTK dispone que esta “… no se aplicará a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Turquía ni a controversias que no estén sujetas a la voluntad de ambas partes”. El artículo 408 del HMK establece de forma similar que “las controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles o a materias no sujetas a la voluntad de ambas partes” no son arbitrables.
Por tanto, al considerar la validez de cláusulas arbitrales contenidas en instrumentos jurídicos (como estatutos sociales, pactos de accionistas, acuerdos de joint venture o contratos de compraventa de acciones) que constituyen la base de controversias de Derecho societario, debe determinarse si las controversias derivadas de dichos instrumentos están sujetas a la voluntad de ambas partes.
De hecho, el Tribunal de Casación ha sostenido de forma constante que el criterio esencial para determinar si una controversia de Derecho societario es arbitrable consiste en si las partes pueden disponer libremente de los derechos en disputa (véase, por ejemplo, Tribunal de Casación, 11.ª Sala Civil, 2011/13485E., 2012/19915K).
III. Evaluación del arbitraje en controversias de Derecho societario
Dado que la naturaleza y el régimen jurídico de cada documento societario difieren, cada uno debe examinarse individualmente para determinar si una determinada cláusula arbitral es válida, especialmente al implementar arbitraje en controversias de Derecho societario. Los pactos de accionistas, por ejemplo, suelen gozar de una libertad contractual más amplia bajo el Código de Obligaciones turco (Ley n.º 6098, “TCO”), mientras que los estatutos sociales están sujetos a reglas más restrictivas bajo el Código de Comercio turco (Ley n.º 6102, “TCC”). A continuación se ofrece una visión general de las principales categorías de documentos societarios y de cómo las cláusulas arbitrales pueden, o no, hacerse valer dentro de cada una.
a. Estatutos sociales en sociedades de capital
Como se ha señalado, los estatutos sociales de las sociedades de capital se rigen por disposiciones imperativas del TCC y, por tanto, difieren de los contratos ordinarios bajo el TCO. La razón central de esta distinción es que, desde el momento en que una sociedad se constituye y adquiere personalidad jurídica, los estatutos sociales tienen un impacto mucho más amplio que los contratos ordinarios. En efecto, los estatutos sociales de una sociedad vinculan no solo a sus accionistas fundadores, sino también a la propia entidad corporativa, a sus órganos de administración y a cualquier nuevo accionista que pueda incorporarse posteriormente. Por ello, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual en los estatutos sociales son mucho más limitadas que en los contratos de Derecho de obligaciones.
El artículo 340 del TCC establece expresamente que los estatutos sociales solo pueden apartarse de las disposiciones imperativas del TCC si la ley lo permite expresamente. Sin embargo, debe destacarse que el TCC no contiene ninguna regulación positiva o negativa sobre la inclusión de una cláusula arbitral en los estatutos sociales. En ausencia de tal regulación, añadir una cláusula arbitral a los estatutos sociales no vulnerará el artículo 340 del TCC y, por tanto, pueden incluirse cláusulas arbitrales en los estatutos sociales sin infringir disposiciones imperativas.
No obstante, aceptar que una cláusula arbitral pueda incluirse en los estatutos sociales no implica que dicha cláusula sea válida para todas las controversias dentro de la sociedad. En efecto, el artículo 340 del TCC no es la única consideración para las sociedades; también deben evaluarse disposiciones como el artículo 480 del TCC, que establece el principio de deuda única para sociedades anónimas, y la cláusula arbitral debe formularse de modo que no entre en conflicto con ellas. Con base en los precedentes judiciales turcos, las siguientes controversias societarias internas, entre otras, suelen considerarse no arbitrables:
- Invalidez de acuerdos de órganos sociales
- Anulación de acuerdos de la junta general
- Invalidez de acuerdos del consejo de administración
- Disolución de la sociedad por justa causa
- Exclusión de un accionista
- Derechos legales de los accionistas a demandar (por ejemplo, acciones de responsabilidad contra administradores)
b. Pactos de accionistas (Shareholders Agreement – SHA)
En algunos casos, los accionistas prefieren celebrar un pacto de accionistas separado, regido por el TCO, para evitar las restricciones del TCC. Tales acuerdos —celebrados por algunos o todos los accionistas— definen cómo los accionistas ejercerán sus derechos y cumplirán sus obligaciones entre sí.
Los pactos de accionistas regulan por naturaleza derechos y obligaciones que los accionistas se deben mutuamente. Las controversias derivadas de estos contratos suelen versar sobre materias de las que las partes pueden disponer libremente. En consecuencia, las cláusulas arbitrales en pactos de accionistas normalmente cumplen los requisitos del artículo 408 del HMK y del artículo 1/4 de la MTK, lo que las hace arbitrables. De hecho, la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Casación respalda la arbitrabilidad de las controversias derivadas de pactos de accionistas, sosteniendo que las cláusulas arbitrales contenidas en ellos son válidas siempre que satisfagan los demás requisitos de validez.
c. Cláusulas arbitrales en pactos de accionistas y su impacto en los estatutos sociales
Aunque está bien establecido que los pactos de accionistas son arbitrables, subsiste la cuestión de si una cláusula arbitral incluida en tal acuerdo también vincula a la sociedad y produce consecuencias bajo el Derecho societario. Una corriente doctrinal sostiene que la cláusula arbitral de un pacto de accionistas se aplica únicamente a los accionistas signatarios y no a la propia entidad corporativa. Sin embargo, sentencias recientes de tribunales regionales de apelación sugieren un enfoque diferente.
Una decisión destacable de la 14.ª Sala Civil del Tribunal Regional de Apelación de Estambul abordó la remoción de un gerente de una sociedad de responsabilidad limitada conforme al artículo 630/2 del TCC. En ese caso, los dos socios de una sociedad limitada habían firmado un pacto de accionistas antes de la constitución de la sociedad, incluyendo una cláusula arbitral que estipulaba que cualquier controversia relativa a la sociedad se resolvería mediante arbitraje. El tribunal razonó que la administración de la sociedad estaba claramente comprendida en el pacto de accionistas, por lo que cualquier controversia sobre la destitución del gerente quedaba dentro del alcance de dicha cláusula arbitral.
Además, el tribunal sostuvo que la cláusula arbitral —firmada por todos los socios antes de la constitución de la sociedad— sería vinculante para los estatutos de la sociedad posteriormente constituida sin que existiera un requisito adicional de insertar la misma disposición arbitral en los estatutos. El tribunal declaró:
“No es necesario que la cláusula arbitral conste en los estatutos sociales de la sociedad. Si, antes de la constitución de la sociedad, las partes han firmado un pacto de accionistas que regula la esencia de su asociación, pueden insertar una cláusula que estipule que las controversias surgidas entre los socios se resolverán mediante arbitraje. No existe obligación de insertar posteriormente esta cláusula en los estatutos sociales para que sea válida.”
En la misma resolución, el tribunal abordó el precedente del Tribunal de Casación según el cual la anulación de acuerdos de junta general no es arbitrable y distinguió su razonamiento señalando la diferencia de marco jurídico antes y después de la adopción del nuevo TCC. En concreto, destacó la intención legislativa del TCC, reflejada en las notas explicativas al artículo 561 del TCC, que demuestra un enfoque más favorable al arbitraje en determinadas controversias societarias. La sección pertinente de la decisión del tribunal es la siguiente:
“En la mencionada decisión de la 11.ª Sala Civil del Tribunal Supremo (expediente n.º 2011/13485E., decisión n.º 2012/19915K., de fecha 05.12.2012), se sostuvo que la cláusula arbitral incluida en los estatutos sociales de la sociedad era inválida y, por tanto, que la anulación de un acuerdo de la junta general no podía decidirse mediante arbitraje. Sin embargo, dicha controversia surgió bajo el anterior Código de Comercio turco n.º 6762.
En efecto, resulta evidente que el legislador expresó la intención de que las controversias societarias pudieran ser arbitrables en la justificación del artículo 561 del Código de Comercio turco n.º 6102. Esta disposición se refiere a la competencia en acciones de responsabilidad contra fundadores, administradores, auditores y liquidadores de la sociedad, y en su justificación se indica que el tercer párrafo del artículo 309 de la anterior Ley n.º 6762 se convirtió en una disposición independiente”
Queda por ver si esta línea de razonamiento llevará finalmente al Tribunal de Casación a modificar su postura sobre la anulación de acuerdos de junta general o sobre la arbitrabilidad más amplia de las controversias de Derecho societario. Por el momento, no ha surgido un precedente definitivo sobre estas cuestiones específicas.
d. Contratos de compraventa de acciones
Los contratos de compraventa o transmisión de acciones también son contratos regidos por el TCO. Como tales, se refieren a materias de las que las partes generalmente pueden disponer libremente, y cualquier controversia resultante sería normalmente arbitrable conforme al artículo 408 del HMK y al artículo 1/4 de la MTK.
Las decisiones del Tribunal de Casación turco refuerzan que una cláusula arbitral en un contrato de compraventa de acciones es válida si está redactada adecuadamente, ya que el contrato en sí no afecta al orden público. Sin embargo, es fundamental subrayar que cualquier laudo arbitral resultante de dicho contrato vinculará únicamente a las partes contratantes. No se extiende a la entidad corporativa cuyas acciones se transmiten ni la vincula si dicha entidad no es parte de la cláusula arbitral.
e. Sociedades ordinarias y joint ventures
Conforme al Derecho turco, las sociedades ordinarias (regidas por los artículos 620 y siguientes del Código de Obligaciones turco) son acuerdos por los cuales dos o más personas combinan sus activos o trabajo para un objetivo común. Aunque la legislación turca no define expresamente los acuerdos de “joint venture”, estos se tratan generalmente como un tipo de sociedad ordinaria.
Dado que las sociedades ordinarias y las joint ventures surgen de la libre voluntad de las partes contratantes, no están sujetas al marco restrictivo aplicable a las sociedades de capital. En consecuencia, se encuentran dentro del ámbito de la libertad contractual. Por ello, incluir una cláusula arbitral en tales acuerdos —y resolver cualquier controversia relacionada mediante arbitraje— no plantea ningún obstáculo jurídico particular.
IV. Conclusión
El arbitraje en controversias de Derecho societario se considera cada vez más un método viable y eficiente para resolver disputas societarias. Sin embargo, su aplicabilidad y eficacia dependen de la naturaleza de la controversia, del tipo de acuerdo implicado y de las disposiciones de las leyes pertinentes. Ya sea en estatutos sociales, pactos de accionistas, acuerdos de joint venture o contratos de compraventa de acciones, la validez de las cláusulas arbitrales depende tanto del marco jurídico que rige el acuerdo como de si los derechos en cuestión están sujetos a la libre disposición de las partes.
La naturaleza dinámica de este campo se evidencia en decisiones judiciales recientes, que siguen redefiniendo los límites de la arbitrabilidad en controversias societarias. Las partes que deseen beneficiarse de las ventajas del arbitraje —rapidez, flexibilidad, especialización y confidencialidad— deben redactar y estructurar cuidadosamente sus cláusulas arbitrales. Esto implica aclarar el alcance de las cuestiones arbitrables, excluir cualquier materia regida por disposiciones imperativas y asegurar que el mecanismo arbitral elegido sea adecuado para la controversia de que se trate.
Para empresas e inversores que buscan aprovechar la eficiencia, la especialización y la ejecutabilidad que ofrece el arbitraje, es fundamental prestar atención cuidadosa a las cláusulas arbitrales en documentos de Derecho societario. Aunque el Código de Comercio turco impone ciertas restricciones a la arbitrabilidad de materias societarias internas específicas, una cláusula arbitral bien redactada —adaptada para excluir cuestiones no arbitrables— puede seguir aportando ventajas significativas. Este enfoque proactivo no solo mitiga el riesgo de litigios prolongados, sino que también fomenta la continuidad de las relaciones comerciales y refuerza la confianza y estabilidad entre accionistas, socios e inversores.
Esta traducción se ofrece únicamente con fines informativos y puede presentar diferencias respecto del texto original.
